The Grand Council of the Crees

Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests) (Espa?ol)

RESUMEN

Posted: 2004-11-18

El 18 de noviembre de 2004, la Corte Suprema de Canad? emiti? un fallo en el caso caratulado Haida Nation v. British Columbia (Minister of Forests), [2004] S.C.J. No. 70, 2004 SCC 73, en l?nea: QL (S.C.C.). A continuaci?n incluimos un resumen del fallo de la Corte. HECHOS: Durante m?s de 100 a?os, el pueblo Haida reclama su derecho de propiedad sobre todas las tierras de Haida Gwaii y las aguas que rodean esta regi?n. Las islas de Haida Gwaii cuentan con una densa forestaci?n. Desde tiempos inmemoriales, el cedro juega un rol central en la econom?a y la cultura del pueblo Haida. Sin embargo, este derecho de propiedad del pueblo Haida a?n se est? analizando en el proceso de reclamos y no ha sido reconocido legalmente. La Provincia de Columbia Brit?nica emiti? una Licencia para la Silvicultura (Tree Farm License) (T.F.L. 39) a favor de una importante empresa forestal en 1961, en virtud de la cual le permiti? cosechar ?rboles en el ?rea de Haida Gwaii identificada como el Bloque 6. En 1981, 1995 y 2000 el Ministro de Bosques reemplaz? la T.F.L. 39, y en 1999, el Ministro autoriz? una transferencia de la T.F.L. 39 a la empresa forestal, Weyerhaeuser Co. El pueblo Haida impugn? judicialmente estos reemplazos y la transferencia, los cuales se realizaron sin su consentimiento y, desde al menos 1994, a pesar de sus objeciones. Solicitaron que los reemplazos y la transferencia fueran dejados de lado. Los intereses son enormes. El pueblo Haida argumenta que ante la ausencia de consulta y adaptaci?n, lograr?n obtener su derecho pero se ver?n privados de los bosques que son vitales para su econom?a y su cultura. El gobierno, a su vez, declara que tiene el derecho y la responsabilidad de administrar los recursos forestales a favor de todos los habitantes de la Columbia Brit?nica, y que hasta tanto el pueblo Haida pruebe formalmente su derecho, no tiene ning?n derecho legal a ser consultado o a que se tengan en cuenta sus necesidades e intereses. El juez de c?mara desestim? la petici?n, pero sostuvo que el gobierno tuvo un deber moral, no legal, de negociar con el pueblo Haida. El Tribunal de Apelaci?n anul? el fallo, y declar? que tanto el gobierno como Weyerhaeuser Co. tienen el deber de consultar con el pueblo Haida y de adaptarse al mismo en relaci?n con la cosecha de madera en el Bloque 6. FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE CANADA: La Corte resolvi? que la apelaci?n por parte de la Corona (Provincia de Columbia Brit?nica) deber?a desestimarse. Deber?a permitirse la apelaci?n por parte de la empresa forestal, Weyerhaeuser Co. Libertad para hacer uso de los recursos legales disponibles Si bien el pueblo Haida cuenta con la posibilidad de presentar una orden judicial de no innovar (interlocutory injunction), no est? limitado a este recurso. Este tipo de medida, la cual se aplicar?a como un ?recurso provisional? (?stop-gap remedy?) en el marco de este caso judicial, puede no tener en cuenta adecuadamente los intereses del pueblo Haida con anterioridad al fallo definitivo del tribunal. Si el pueblo Haida puede probar la existencia de una obligaci?n especial de la cual deriva un deber de consultar o adaptarse, podr? hacer uso de otros recursos disponibles. Deber del gobierno de ?consultar? y ?adaptarse? El deber del gobierno de Columbia Brit?nica de consultar con los pueblos abor?genes y de adaptarse a sus intereses se basa en el principio del honor de la Corona. El honor de la Corona siempre est? en juego en sus negociaciones con los pueblos abor?genes. Este principio debe ser entendido ampliamente. El t?tulo y los derechos abor?genes, los cuales son afirmados pero no probados, no son suficientemente espec?ficos para el honor de la Corona para requerir que la Corona se desempe?e como fiduciario. [En su car?cter de ?fiduciario?, el gobierno tendr?a la obligaci?n de actuar en pos de los intereses del pueblo Haida.] Al mismo tiempo, la Corona, actuando honorablemente, no puede atropellar arrogantemente los intereses abor?genes cuando los reclamos que afectan estos intereses son interpuestos seriamente en el proceso de negociaci?n y prueba de tratados. El honor de la Corona tambi?n se inculca en los procesos de elaboraci?n e interpretaci?n de tratados. Al elaborar y aplicar tratados, la Corona debe actuar con honor e integridad, evitando incluso la apariencia de una negociaci?n injusta (sharp dealing). Los tratados sirven para conciliar la soberan?a aborigen preexistente con la supuesta soberan?a de la Corona y para definir los derechos abor?genes garantizados por la sec. 35 de La Ley Constitucional de 1982 (Constitution Act, 1982). El deber de ?consultar? y ?adaptarse? es parte de un proceso de negociaci?n justa y de conciliaci?n que comienza con la declaraci?n de la soberan?a por parte de la Corona y se extiende m?s all? de la resoluci?n de los reclamos formales. El hecho de que el deber se base en el honor de la Corona y el objetivo de la conciliaci?n sugieren que el deber nace cuando la Corona toma conocimiento, real o impl?cito, de la potencial existencia del derecho o t?tulo aborigen y contempla una conducta que puede afectarlo negativamente. La consulta y la adaptaci?n con anterioridad a la resoluci?n definitiva de los reclamos preservan los intereses abor?genes y son un corolario esencial [o una consecuencia natural] del honorable proceso de conciliaci?n que exige la sec. 35 de la Ley Constitucional de 1982 (Constitution Act, 1982). El alcance del deber es proporcional a una evaluaci?n preliminar de la fuerza del caso que respalda la existencia del derecho o t?tulo y a la seriedad del efecto potencialmente negativo respecto del derecho o t?tulo que se reclama. La Corona no tiene el deber de llegar a un acuerdo. En cambio, el compromiso consiste en un proceso significativo de consulta de buena fe. El contenido del deber varia en funci?n de las circunstancias y cada caso debe abordarse de manera individual y flexible. El efecto de la consulta de buena fe puede ser el de revelar un deber de adaptaci?n. Siempre que exista un caso firme prima facie respecto del reclamo y las consecuencias de la decisi?n propuesta por parte del gobierno puedan afectarlo negativamente de forma significativa, al abordar las preocupaciones abor?genes es posible que se requiera adoptar medidas para evitar todo da?o irreparable o para minimizar los efectos de cualquier violaci?n. Esto deber?a ocurrir mientras se encuentra pendiente la resoluci?n definitiva del reclamo en cuesti?n. La mejor forma de lograr la adaptaci?n puede ser a trav?s de la consulta y la negociaci?n. El deber de consultar puede requerir el consentimiento aborigen respecto de cuestiones ?muy graves? (pero solamente si se establecen derechos) El original fallo de la Corte en el caso Delgamuukw v. British Columbia, [1997] 3 S.C.R. 1010, en el p?rrafo 168, en el contexto de un reclamo del derecho de propiedad sobre las tierras y recursos, confirm? y se explay? sobre el deber de consultar, lo cual sugiri? que el contenido del deber variaba seg?n las circunstancias: desde un m?nimo "deber de analizar decisiones importantes" siempre que el "incumplimiento sea poco serio o relativamente menor"; pasando por el deber "significativamente m?s profundo que la mera consulta" que se requiere en la "mayor?a de los casos "; hasta el "consentimiento pleno de la naci?n aborigen..." respecto de cuestiones muy graves. Estas palabras se aplican tanto a reclamos no resueltos como a intrusiones respecto de reclamos resueltos. El proceso de consulta y posible adaptaci?n no les otorga a los grupos abor?genes un poder de veto respecto de aquello que puede hacerse con las tierras mientras se encuentra pendiente la prueba concluyente del reclamo. El "consentimiento" aborigen al que se hace referencia en Delgamuukw resulta apropiado solamente en aquellos casos de derechos establecidos, y por lo tanto de ninguna manera en todos los casos. En cambio, lo que s? se requiere es un proceso que equilibre intereses, de dar y recibir. Se debe determinar qu? es lo que se requiere para mantener el honor de la Corona La pregunta decisiva en todos los casos es qu? es lo que se requiere para mantener el honor de la Corona y para efectuar la conciliaci?n entre la Corona y el pueblo aborigen respecto de los intereses en juego. El efecto de la consulta de buena fe puede ser el de revelar un deber de adaptaci?n. Cuando se requiere la adaptaci?n en la adopci?n de decisiones que puedan afectar negativamente los reclamos a?n no probados de derechos y t?tulos abor?genes, la Corona debe equilibrar las preocupaciones abor?genes en forma razonable con el potencial impacto de la decisi?n respecto del derecho o t?tulo con otros intereses de la sociedad. Cada caso debe abordarse en forma individual. Cada caso tambi?n debe abordarse con flexibilidad, dado que el nivel de consulta requerido puede variar a medida que el proceso se desarrolle y se revele nueva informaci?n. La pregunta decisiva en todos los casos es qu? es lo que se requiere para mantener el honor de la Corona y para conciliar los intereses de la Corona y los de los pueblos abor?genes. Mientras la resoluci?n se encuentre pendiente, la Corona est? obligada por su honor a lograr un equilibrio entre los intereses abor?genes y los de la sociedad en el marco de la adopci?n de decisiones que puedan afectar los reclamos abor?genes. Se puede requerir a la Corona que adopte decisiones ante cualquier desacuerdo respecto de la adecuaci?n de su respuesta a las preocupaciones abor?genes. Por lo tanto, el equilibrio y el compromiso siempre ser?n necesarios. Obligaci?n de terceros (empresa forestal) Los terceros no pueden ser considerados responsables por no desempe?ar el deber de la Corona de consultar y adaptarse. El honor de la Corona no puede delegarse, y la responsabilidad legal de consulta y adaptaci?n le corresponde a la Corona. Esto no significa, sin embargo, que los terceros nunca deber?n responder ante los pueblos abor?genes. Si act?an de modo negligente en circunstancias en las que les deban a los pueblos abor?genes un deber de cuidado, o si no cumplen con contratos celebrados con los pueblos abor?genes o si tratan con ellos de modo deshonesto, pueden ser considerados legalmente responsables. El deber de consulta y de adaptaci?n se aplica tanto al gobierno provincial como al federal Por ?ltimo, el deber de consulta y de adaptaci?n se aplica al gobierno provincial (Columbia Brit?nica), as? como al gobierno federal. En la ?poca de la Uni?n, las Provincias tomaron su inter?s sobre la tierra sujeto a cualquier inter?s distinto al de la Provincia en dicha tierra. Dado que el deber de consulta y de adaptaci?n en cuesti?n se basa en la afirmaci?n de la soberan?a de la Corona que preced?a a la Uni?n, la Provincia tom? las tierras con sujeci?n a este deber. La obligaci?n de la Corona de consultar a Haida acerca del reemplazo de la Licencia para la Silvicultura (Tree Farm License, T.F.L.) 39 se vio comprometida en este caso. Los reclamos de Haida al t?tulo y al derecho aborigen de cultivar cedro rojo contaban con el respaldo de un buen caso prima facie. La Provincia sab?a que los potenciales derechos abor?genes, as? como el potencial t?tulo aborigen, se aplicaban al Bloque 6 y pod?an verse afectados por la decisi?n de reemplazar la T.F.L. 39. Las decisiones en virtud de las Licencias para la Silvicultura reflejan la planificaci?n estrat?gica para la utilizaci?n de los recursos y pueden tener impactos graves sobre los derechos y t?tulos abor?genes. Si la consulta est? destinada a ser significativa, debe tener lugar en la etapa de otorgamiento o renovaci?n de las Licencias para la Silvicultura. ?La Provincia ten?a un deber de adaptaci?n en este caso particular? ?El deber de la Corona iba m?s all? de la consulta respecto de las decisiones en virtud de las Licencias para la Silvicultura, hasta llegar a la adaptaci?n? La Corte concluy? que no puede saber, bas?ndose en los hechos de este caso en particular, si la consulta hubiera conducido a una necesidad de adaptaci?n. Sin embargo, la fuerza del caso tanto para el t?tulo Haida como para el derecho de Haida a cosechar cedro rojo, junto con el grave impacto de decisiones estrat?gicas en aumento respecto de dichos intereses, sugieren que el honor de la Corona bien puede requerir una adaptaci?n significativa para preservar el inter?s de Haida respecto de sus reclamos pendientes de resoluci?n.